1. En función de su economía, instale en el domicilio todos los sistemas de seguridad posibles (puertas de seguridad, rejas o cierres de terrazas, alarmas.

2. La casa no debe exteriorizar la ausencia de vida. No cerrar todas las persianas de las ventanas. Conviene dejar ropa tendida, etc. Existen dispositivos electrónicos, baratos, que permiten programar el encendido de luces, TV, utilización del contestador del teléfono.

3. Prestarse colaboración mutua con otros vecinos.

4. Intentar no dejar dinero, joyas ni objetos valiosos en el domicilio. En caso de las que se dejen, que estén debidamente aseguradas.

5. No dejar objetos valiosos en las terrazas sin cerramiento.

6. Tome nota del número de serie de todos los electrodomésticos, al objeto de facilitar su identificación en caso de robo.

7. Dejar completamente cerradas las ventanas que den a lugares ocultos u más desprotegidos (parios interiores, calles poco concurridas, etc.)

8. Ante la presencia de cualquier persona extraña en el edificio, avisar a las Fuerzas de Seguridad. Tomar nota de cualquier cosa o vehículo que parezca sospechoso.

El robo -según el Artículo 237 del Código Penal español- se produce cuando con ánimo de lucro, una persona se apodera de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas.

Para que se considere robo, existiendo fuerza en las cosas, debe concurrir alguna de las circunstancias siguientes:escalamiento; rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana; fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo; uso de llaves falsas o inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.

Por contra, aunque en el hurto también existe ánimo de lucro, se toma -sin fuerza en las cosas ni violencia o intimidación contra las personas- las cosas muebles ajenas, sin la voluntad de su dueño.

Por contra, sobreseguro es lo contrario: el valor que se le atribuye al bien asegurado en la póliza es superior al que realmente tiene.

Es necesario el pago de la prima para contar con la cobertura del seguro contratado, en los términos contenidos por la legislación vigente.

A tenor de los resultados del estudio realizado por estas dos instituciones a 2.600 conductores que habitualmente transportan bicicletas en sus vehículos, se pudo constatar que el 67% de los encuestados afirman que el lugar más habitual de transporte es en el interior del coche, confirmando un 69% que ese es el lugar más seguro de colocación de las bicicletas.

En este sentido, el 88% de los conductores manifestó que desconoce la normativa vigente que regula el transporte de bicicletas en los vehículos. Este dato, unido a la falta de información y al modo en el que estos transportan la bicicleta, hizo al RACE y a Caser realizar un Crash Test para conocer los riesgos y las consecuencias que supone tranportar las bicicletas en el interior del vehículo.

El ensayo se realizó con un vehículo que circulaba a 64,32 km/h transportando dos bicletas de recreo y sus respectivos equipajes, en el interior del coche, con los asientos de las plazas traseras abatidos.

Los resultados del Crash Test, mostraron que transportar una bicicleta en el interior de un vehículo, sin la debida sujección, supone un alto riesgo de lesividad para los ocupantes, una disminución de la efectividad de los sistemas de protección, como cinturones y reposacabezas o airbag, y la posibilidad de que la carga salga eyectada fuera del vehículo e impacte sobre otros usuarios de la vía.

Asimismo, se constató que con el peso de la carga transportada, equivalente a 28 kg de las dos bicicletas y a 44 kg los equipajes, en el caso de impacto a la velocidad del ensayo, la fuerza con la que golpearía al conductor y acompañante equivaldría a un objeto de unos 1.000 kg.

Durante el impacto se observó el desplazamiento de los objetos, chocando contra los asientos delanteros, produciendo su deformación y empujando al conductor y al ocupante hacia el exterior del vehículo.

En este sentido, el 89% de los conductores desconoce la sanción que conlleva transportar de forma incorrecta las bicicletas. Por este motivo, tanto el RACE como CASER, consideran necesario informar a los conductores sobre la normativa.

Del mismo modo, un 25% aseguró que se informa vía Internet, un 24% por comentarios con amigos; y un 15% a través de revistas especializadas. Sin embargo, el 43% manifestó su poco interés en buscar información sobre el tema.

Una vez conocidos los hábitos de desplazamiento, el grado de conocimiento y la falsa percepción de seguridad de los conductores españoles, el RACE y Caser ponen en marcha la II edición de la Campaña en Bici Seguro, con los objetivos de reducir la siniestralidad en el colectivo ciclista; mejorar la convivencia entre conductores y ciclistas; y concienciar del transporte seguro de la bicicleta en el vehículo.

Según datos de HISCOX, cada año ocurren más de 150.000 secuestros en el mundo, de los cuales, un setenta por cierto se resuelven con el pago del rescate.

Este seguro tiene por objeto generalmente el reembolso de los gastos que se produzcan como consecuencia de determinadas situaciones de secuestro o extorsión, incluyendo coberturas complementarias tales como el pago del rescate, honorarios de los negociadores, servicios psicológicos y médicos, traslados, etcétera.

Los precios de los seguros de secuestro y rescate dependen, entre otros factores, de la cantidad asegurada, de las coberturas incluidas y de los riesgos del tomador.

Induablemente, cada vez mayor número de compañías ofrecerán este producto.

La póliza puede contemplar dentro de esta garantía, así mismo, los daños producidos por aparatos electrodomésticos, filtraciones, omisión del cierre de válvulas, grifos y llaves de paso, entre otros.

Los daños por agua se pueden contratar bajo la MODALIDAD DE COBERTURA PARCIAL (se considerarán incluidos los daños producidos por instalaciones comunitarias o conducciones generales), o bajo la MODALIDAD DE COBERTURA TOTAL, en cuyo caso, se incluirán tanto los producidos desde instalaciones comunitarias, como privativas (estas últimas son las que sirven a una sola vivienda o local y están situadas dentro de sus límites y espacios privativos).

Dado que se trata de una garantía optativa, conviene asegurarse de que los daños por agua se recogen de manera expresa en la póliza y en qué términos. Pero también habrá que atender -para conocer con mayor rigor su extensión- las particularidades determinadas por las Condiciones Generales de la Contratación.

Así, procede advertir -entre otros asuntos importantes-, si se incluye la localización y reparación de la avería, si se establecen franquicias, etcétera.

Dado que en Derecho es de suma importancia la prueba, se recomienda comunicar la no renovación mediante el envío de un telegrama o burofax a la sede social de la compañía, con indicación de los datos del tomador, número de referencia de la póliza y la indicación inequívoca de que no se va a renovar la misma al próximo vencimiento.

Otros medios aternativos de comunicación, podrían ser presentar un escrito en el agente del seguro, exigiéndole el acuse mediante la colocación de firma, cuño de empresa, fecha y DNI del receptor, o el envío de un fax con guarda del reporte de envío. Aunque estos mecanismos en Derecho son menos consistentes generalmente que los anteriores, por lo que su elección dependerá del precio de la prima.

Apuntar que tanto el domicilio de la compañía como la fecha de vencimiento de la póliza, pueden consultarse en la propia póliza.

Algunas personas piensan que con el simple hecho de impagar la prima del seguro es suficiente para instar la no renovación de un seguro. No obstante, si bien las compañías no suelen iniciar en la práctica ningún tipo de procedimiento jurídico contra ellas, la actual legislación establece que si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada, o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza.